Corte de Constitucionalidad decidirá sobre juramentación de la magistrada Porras
*** Se hace un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la situación de derechos humanos, de la justicia y del Estado de Derecho en Guatemala.
Una serie de organizaciones que conforman el Observatorio internacional sobre los derechos humanos en Guatemala ven con preocupación que, la Corte de Constitucionalidad estaría conociendo un amparo relacionado a la juramentación de la magistrada electa para la Corte Constitucional, Gloria Porras.
Porras fue reelecta en marzo de 2021 como magistrada para dicha corte por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, sin embargo, la Junta Directiva del Congreso impidió su juramentación. Este amparo, que dejaría sin efecto el proceso de elección de Gloria Porras como magistrada, es la más reciente de una larga serie de acciones irregulares impulsadas contra la magistrada, que es emblemática del uso indebido de procedimientos legales para atacar a jueces, juezas y fiscales independientes en el país.
La acción es promovida por el magistrado Nester Vásquez, quien fue incluido en la lista Engel y señalado por el gobierno de los Estados Unidos como un actor antidemocrático que favorece la corrupción.
Situación nunca antes vista en Guatemala y que refleja un alto nivel de cooptación por parte de redes ilícitas que buscan generar impunidad y socavar el Estado de derecho en el país. Además, vemos un continuum de acoso instado por parte de los mismos actores como la Fundación contra el Terrorismo, muchos de cuyos miembros también han sido sancionados por los Estados Unidos como actores corruptos.
para los organismos es sumamente alarmante el deterioro institucional y la erosión del Estado de derecho que ha sufrido Guatemala en los últimos meses, expresado en una continua persecución, acoso y criminalización a operadores de justicia que han tenido un rol fundamental en la independencias de la justicia, y la lucha contra la corrupción o cuyas actuaciones hayan afectado intereses ilegítimos de actores políticos, militares o del sector económico del país.
Por ello instan a la Corte de Constitucionalidad a asumir su rol de máximo órgano de control en Guatemala, garantizando el Estado de derecho y las garantías democráticas mediante el rechazo de la acción de amparo que busca continuar impidiendo la juramentación de la magistrada Gloria Porras que conforme a la ley corresponde.
