Violencia estructural y conflictividad social-política en personas LGBTIQ en Guatemala

** En el ámbito educativo, el 67% de las personas comenta haber sufrido discriminación desde expulsiones, acoso escolar, acoso sexual y violencia correctiva del personal docente y alumnos.

Un informe de OXFAM sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Guatemala, Honduras y El Salvador, revela que su origen obedece a la alta conflictividad social y política, los problemas de corrupción, impunidad y el socavamiento institucional que afectan desproporcionadamente la convivencia de estos sectores, provocando la violencia de género, la discriminación, la desigualdad social y económica, como también el desplazamiento forzado.

En estos tres países, esta intersección resulta en situaciones de altos índices de violencia, discriminación y exclusión social para las personas LGBTIQ, donde Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios entre mujeres trans de todo el mundo; y, en Guatemala se ha reportado que dos de cada tres personas trans han enfrentado estigma y discriminación.

El Salvador evidencia la profunda imbricación entre la conflictividad social de las maras y pandillas, y la violencia motivada por el prejuicio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales de las personas.

Las personas que luchan por los derechos de la diversidad sexual y de género son particularmente víctimas de ataques. Asesinatos de activistas trans, como el de Vicky Hernández en Honduras y el de Andrea González en Guatemala son especialmente alarmantes en un contexto donde las poblaciones LGBTIQ+ asumen el liderazgo de atender, garantizar y buscar el reconocimiento de los derechos humanos de esta población.

Estos contextos de violencia, los altos índices de asesinatos, la baja calidad de vida y el abandono total del Estado para garantizar sus derechos lleva también al desplazamiento forzado y migración de las personas LGBTIQ+, siendo estas parte de la crisis humanitaria migratoria de la región.

Estos países viven en una alta conflictividad social y política, sumada a la corrupción, impunidad, donde la población como la de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer —LGBTIQ, se encuentra en desventaja estructural y vulnerabilizada por sistemas de violencia de género basados en la cisheteronorma, interseccionados con los sistemas de desigualdad social y económica.Situación de violencia contra la población LGBTIQ+, especialmente mujeres trans en Guatemala, Honduras y El Salvador.

La institución del Procurador de Derechos Humanos —PDH— ha mencionado en su Línea base LGBTI (2018) que no existe ninguna ley o política pública que garantice el cumplimiento de los derechos LGBTIQ+ en Guatemala.

A la fecha, tampoco se ha cumplido con el compromiso adquirido, en el 2012, por el Estado de Guatemala frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— para elaborar una política pública LGBTIQ. El 6 de agosto del 2020, se dio a conocer el dictamen No. Webs/na48-2018 emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica de la ahora extinta Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos —COPREDEH—, de fecha 22 de agosto del año 201816. El dictamen indica que a la política pública le faltan datos científicos sobre la discriminación hacia las personas LGBTIQ. Sin embargo, desde el Estado de Guatemala no hay esfuerzos sistemáticos por recuperar datos de las personas LGBTIQ+ a pesar de que ha sido recomendado por el Procurador de Derechos Humanos — PDH—. Además, tal como mencionó la PDH, en su contribución del 2019, al informe del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, no contar con la tipificación del delito de discriminación por orientación sexual e identidad de género no permite obtener estadísticas claras y confiables.

Aunado a esto, la iniciativa de Ley de Crímenes por Prejuicio (5278), que busca que se modifique el Artículo 202 bis del Código Penal para incluir como agravantes la orientación sexual e identidad de género— tienen un dictamen desfavorable. Organizaciones como la Red Nacional de la Diversidad Sexual y Asociación Lambda contabilizan los asesinatos cometidos hacia personas LGBTIQ19 en Guatemala. Cifras recogidas por organizaciones de sociedad civil indican que para mayo del 2022, se habían contabilizado 14 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género, un 10% más que en el 2021 para el mismo periodo, mostrando un incremento en en la violencia.

Para diciembre 2021, se había contabilizado 28 casos de asesinatos de personas LGBTIQ+, la mayoría de estos en el departamento de Izabal21. Durante el 2020, se contabilizaron 19 asesinatos por prejuicio contra seis mujeres trans, un hombre trans, 11 hombres gais y uno bisexual.

Esto demuestra una clara tendencia a la alza en casos de violencia letal contra personas LGBTIQ+ en el país. Sobre este tipo de violaciones extremas a los derechos humanos contra mujeres trans, destaca el asesinato de Andrea González, activista y lideresa trans de la Organización Trans Reinas de la Noche —Otrans—el 11 de junio del presente año El lamentable caso destaca la interseccionalidad de vulnerabilidades entre la identidad de género, la labor de defensa de derechos humanos y el contexto de trabajo sexual. Por otro lado, el informe de Visibles (2020) rescata otras cifras generales de discriminación en distintas áreas de la vida de las personas.

En el ámbito educativo, el 67% de las personas comenta haber sufrido discriminación desde expulsiones, acoso escolar, acoso sexual y violencia correctiva del personal docente y alumnos.

El impacto a largo plazo repercute negativamente en las posibilidades de empleo de las personas. Para las mujeres trans esto probablemente influya en que el 66% ejerce o ha ejercido el trabajo sexual. Otra de las violencias alarmantes que padece la población LGBTIQ+ son los altos índices de acoso y violencia sexual, donde el estudio indica que el 89% de las personas ha sufrido esto. Estas violencias no sólo se dan en un marco legislativo que no reconoce los crímenes motivados por el prejuicio social en contra de las personas LGBTIQ+.

La Iniciativa de Ley de Identidad de Género (5395) —que busca un trámite administrativo basado en la auto identificación para el cambio de nombre y género registrales para las personas trans— también tiene un dictamen desfavorable25. Aunque las personas trans ya pueden cambiarse el nombre en Guatemala, el proceso no cumple con ninguno de los principios consagrados en la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH26.

Los mismos argumentos que dictaminan desfavorablemente la Iniciaitiva de Ley de identidad de género han sido utilizados en la discusión que eventualmente llevó a la aprobación de la Ley 5272. La iniciativa de Ley fue propuesta en el 2018, y finalmente aprobada el 8 de marzo de 2022 creando el Decreto 18-2022.

Este polémico decreto Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tampoco ha operativizado la Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para Personas Trans en Guatemala, misma que se posiciona como una herramienta de voluntad política a favor de la salud trans en el país.

Una de las organizaciones trans que lidera este proceso, Otrans-RN, comenta que, a la fecha, se ha aprobado la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo, pero no se ha socializado por lo cual no existen avances reales en la implementación de este instrumento.

Ante esta realidad, las personas LGBTIQ+ tienen pocas vías para acceder a la justicia, tal como ha sido denunciado por la sociedad civil. La CIDH ha mencionado en su informe Corrupción y Derechos Humanos la forma particular en la que la corrupción afecta a las poblaciones vulnerabilizadas.

En este caso, la corrupción está asociada a la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y las extorsiones que afectan desproporcionadamente a mujeres trans trabajadoras sexuales, migrantes y empobrecidas.

Todo lo anterior contribuye a un ambiente generalizado de pocas oportunidades, violencia y discriminaciones diarias que genera causas para el desplazamiento forzado y la migración. Según datos recopilados por Human Rights Watch en su informe Vivo cada día con miedo, entre 2007 y 2017, 369 personas guatemaltecas pidieron asilo en Estados Unidos en base a señalamientos por su orientación sexual e identidad de género. MO/guatediario