Denuncias del sistema judicial son trasladas a Washington
*** Organismos expusieron una serie de vulneraciones contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos ante la CIDH por parte del Estado.
Miembros de la sociedad civil de Guatemala denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la agudización de la persecución contra funcionarios de justicia guatemaltecos que han participado en investigaciones contra casos emblemáticos de corrupción.
Uno de los casos más destacados es el del juez Miguel Ángel Gálvez, conocido por haber emitido fallos importantes en investigaciones sobre crímenes de guerra y de corrupción y que enfrenta un trámite de retiro de inmunidad, avalado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El fallo se da a petición de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que el pasado 11 de mayo solicitó un antejuicio contra el juez.
El proceso, iniciado por el supremo de Guatemala, contra el juez anticorrupción se suma a otros casos en los que los impartidores de justicia son objetos de juicios por los casos que presidieron y en los que emitieron resoluciones que involucran a actuales funcionarios, exfuncionarios, militares y poderosos empresarios guatemaltecos.
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UNDEFEGUA), uno de los organismos que presentaron su denuncia, en 2021 se registraron 211 agresiones contra funcionarios de Justicia por pare del Estado, donde existe un deterioro de la garantía a la defensa.
Entre algunas de las denuncias presentadas, señalan que los “constantes ataques” o persecuciones contra jueces y magistrados se deben a Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), quien ha sido sancionado por el Departamento de Estado de EEUU por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron crímenes o están bajo investigación por corrupción.
Claudia González, representante de la sociedad civil, agregó que “los ataques” contra abogados y jueces se han intensificado por las denuncias interpuestas por el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, “que fueron investigados y procesados” por los funcionarios que ahora persiguen.
Los miembros de la sociedad civil, quienes han mostrado su respaldo a Gálvez rechazando el proceso en su contra, también repudiaron la persecución contra otros exfuncionario como el ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, sobre quien pesa orden de detención; así como la exjueza del Juzgado D de Mayor Riesgo en Guatemala Erika Aifán.
Tanto Sandoval como Aifán, renunciaron a sus cargos y huyeron del país tras recibir amenazas de muerte, así como a otros impartidores de justicia.
En marzo pasado, la exjueza explicó que estaba bajo presión desde hacía meses, con investigaciones abiertas por el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido señalada por actos de corrupción por EEUU.
La jurista aseguró haber recibió una carta del presidente Alejandro Giammattei donde le requería información y la identidad de un testigo protegidos en un caso de corrupción que estaba a su cargo y que involucra a compañías constructoras que dieron sobornos en la campaña electoral que ganó el actual mandatario. La jueza denegó el pedido presidencial.
Luego de las declaraciones de Aifán, solicitó comentarios al presidente de Guatemala, obtuvo una respuesta de la casa de gobierno afirmando que el mandatario “manifiesta su respeto total a la independencia de poderes del Estado y rechaza cualquier vinculación con la renuncia de Erika Aifán como jueza de Mayor Riesgo”.
En lo que va del año, unos 20 funcionarios de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.
